MARCOS URBANOS Y GOBERNANZA

Para apuntar a una gobernanza sostenible se requieren cambios estructurales en los enfoques de planificación, tanto en los sistemas de gobernanza, como normativa urbana y financiamiento. Los proceso de urbanización requieren de un control democrático que se debe ejercer a través del Estado. Los presupuestos de inversión pública y los recursos privados se deben enmarcar en normativas urbanas construidas en procesos de planificación democráticos, transparentes y participativos.

 

El Estado, como controlador del proceso de urbanización debe conducir la política urbana y no sólo facilitar grandes inversiones del sector privado. En efecto, la insostenibilidad del proceso de urbanización prevaleciente en los países de la región está fuertemente relacionada con la acción depredadora de algunos agentes de la economía que, a menudo, actúan con el beneplácito y colaboración de los gobernantes. Por otra parte muchos impactos negativos del proceso actual de urbanización están directamente vinculados a las acciones de los gobiernos locales que son los más próximos a la población de cada ciudad.

El concepto de derecho a la ciudad apunta al sentido de la ciudad como un bien común que genera beneficios que se deben compartir de manera justa. En la declaración de Toluca para Hábitat iii se plantea que el derecho a la ciudad se vuelve efectivo en la ocupación del suelo. Así, las distintas culturas y grupos sociales deben apuntar a colaborar en el diseño y ocupación del hábitat urbano, que va desde la casa al espacio público.

Para realizar un análisis adecuado de las normas urbanas, gobernabilidad y finanzas municipales en Latinoamérica y el Caribe, es esencial tener en cuenta la enorme magnitud de la informalidad de la región, en casi todos sus aspectos: uso del suelo, proceso de producción de viviendas, actividades económicas e interacciones sociales. Los documentos temáticos publicados por la onu para Hábitat iii asumen, acertadamente, que a menudo la informalidad es el resultado de políticas y normativas legales inadecuadas o ineficaces, basadas en suposiciones erróneas acerca de la realidad económica y el progreso social o cultural de los países.

 

Por otra parte, en una región intercultural diversa y asimétrica, no se puede imponer una forma de vivir igual para todos, la gobernanza y normativa urbanas tienen que adecuarse a esa realidad social, a través de procesos urbanos flexibles pero sostenibles, en acuerdo y consenso con las poblaciones que habitan en cada realidad territorial. Por otra parte es necesario utilizar sistemas de regulación urbana preventiva y adaptativa que sean adecuados a las realidades contextuales de la diversidad cultural existente en lac. Ellos deben estar basados en procesos de planeamiento participativo e inspirados en soluciones espontáneas e instintivas de los pobladores.

En los sistemas de gobernanza urbana, han surgido algunos factores clave provenientes de experiencias exitosas, que se reflejan en la formulación de los documentos para construir la nau. Entre los factores clave para establecer una buena gobernanza destacan:

  • —  la descentralización, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad;
  • —  la coordinación de los diferentes niveles de gobernanza;
  • —  la necesidad de organizaciones capaces de hacer una gestión coordinada y cooperativa de las áreas metropolitanas;
  • —  el liderazgo del sector público en la gestión de políticas y control de la participación del capital privado urbano;

—  el empleo de nuevas herramientas tecnológicas y los medios de comunicación, para ampliar la participación de los ciudadanos en la gobernanza urbana;

  • —  la movilización social y la creación de capacidades que posibiliten una participación más cualificada y eficaz en los foros de deliberación de políticas urbanas; de hecho, se está desarrollando una nueva cultura de participación activa ciudadana en la gestión pública.
  • — el ‘control social’3, como elemento democrático participativo de carácter transversal y continuo de la gestión pública.

Por otro lado, es importante trabajar para deconstruir ciertos paradigmas que han estado presentes durante mucho tiempo en los procesos de urbanización y que se cristalizaron en las normas que regulan este proceso, dificultando su sostenibilidad como es el caso del porcentaje de uso de suelo actualmente asignado al auto particular.